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Ave César... Las complejas relaciones entre el gobernante y el gobernado en muchas ocasiones lejos de dar satisfacción al contribuyente ocasiona severas molestias sobre todo, en su esfera jurídica. Estas complejas relaciones que se originan con el acto administrativo vienen a constituir para el gobernado uno de los lastres que ha venido padeciendo y que continua siendo uno de los factores que provocan inestabilidad política es decir ingobernabilidad.
Estos imponderables se vienen a agravar más cuando los servidores públicos no observan calidad en sus servicios los que viene a provocar un profundo malestar y desanimo en el contribuyente que ansioso espera ver el destino de sus impuestos. Peor aun cuando percibe y entiende que los recursos públicos se aplican equivocadamente o que existe un dispendio en ellos al ejecutar obras de inversión las que considera siempre de mala calidad e insuficientes. Esto sin contar con el fenómeno de la corrupción que viene a resultar el lastre que anquilosa el desarrollo del estado e inhibe la organización social. En los últimos gobiernos en el estado de Guanajuato estos se han preocupado por fomentar una cultura de denuncia ciudadana tendiente a corregir las anomalías que se suscitan en la aplicación del acto administrativo. Efectivamente, se han creado mecanismos más o menos interesantes para que el ciudadano tenga un acceso directo con los gobiernos municipales y manifiesten denuncias de hechos que consideran lesionan al patrimonio municipal. Aunque claro, lo cuestionable es saber si la respuesta es efectiva o no. Inclusive en Salvatierra a ultimas fechas se han instrumentado programas tendientes a fomentar la cultura de la denuncia ello por conducto de la contraloría social que recibe inclusive denuncias anónimas tanto por la vía telefónica que por escrito y que para el efecto se han instituido al menos cinco buzones de denuncia puestos en lugares estratégicos para que el ciudadano con responsabilidad libre de cualquier coacción pueda denunciar. Desde luego que esto es un hecho trascendente tanto para la actual administración publica municipal como para el ejercicio democrático del ciudadano que ávido espera una respuesta a sus quejas. Aunque desde luego existe la incredibilidad porque en muchas ocasiones aun cuando el contralor desee aplicar sanciones y criterios la autoridad lo inhibe en caso concreto, el famoso asunto del señor Martínez que a estas fechas no ha habido poder humano ni divino que obligue al señor tesorero municipal Yurirense por cierto o al actual alcalde a que le pague lo que el pueblo de Salvatierra le debe. De igual forma y contribuyendo con el mejor estado de las administraciones publicas guanajuatenses y para el efecto de que el acto administrativo se ciña a lo preceptuado por la ley el tribunal de lo contencioso administrativo en el estado ha instruido a los jueces municipales para que promuevan de igual manera la cultura de la denuncia y la promoción desde luego, de los juzgados municipales mismos que el ciudadano no acierta saber ni entender cual es la finalidad de su institucionalización. De paso decimos que esta viene a ser una de las figuras jurídicas más importantes creadas para ceñir a la autoridad y meterla en el concepto moderno de estado de derecho y hasta donde podemos entender los juzgados municipales serían una de las mejores opciones para evitar el abuso del poder y cuidar de estricto derecho el complejo acto administrativo moderno. Tanto la contraloría social como los juzgados municipales vienen a formar parte importante del control administrativo aunque muchos municipios por la naturaleza misma del político le va negando lugar y operatividad y como ejemplo de ello lo tenemos en la ciudad de Salvatierra pues aunque el juzgado municipal existe la autoridad municipal no lo ve con la seriedad que debería verlo y lo utilizan al igual que la contraloría como figuras decorativas que visten a la administración a los ojos del gobierno del estado e inclusive de organismos internacionales aunque en el fondo no quieren saber nada de estos pues podrían ser incómodos para su incipiente operatividad política o simplemente que pudieran contradecir sus políticas publicas y que al final de cuentas ocasionaría conflictos serios con el gobernado. Estas instituciones modernas y creadas dentro de un marco jurídico de igualdad y de seguridad jurídica bien aplicadas se equiparan aunque en esfera distinta con el juicio de garantías pues mientras el amparo procura el control constitucional la contraloría social y los juzgados municipales procuran el saneamiento del acto administrativos que al final de cuentas vendrá a constituirse con una de las formas para cuidad la gobernabilidad esto claro, y desgraciadamente a la salud de nuestros intrépidos políticos guanajuatenses. Gracias por leer
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