En virtud de que el mal gobierno "espurio", derivado del fraude electoral del pasado 2 de julio se pasa la Constitución por donde se pasan la ley los legisladores al servicio de poder ejecutivo y los señores del dinero (empresarios, banqueros, industriales, patrones, cúpula eclesiastica y demás evasores del fisco beneficiarios de los rescates financieros que nos tienen endeudados a cada mexicano, desde que nace, con $35,000.00), la protesta e inconformidad social crecen cada día, para ello, el "pelele" como buen fascista, pretende reprimir nuestra libertad de manifestar nuestra inconformidad, tipificando como "delito" cualquier intento de organizaciónb social en contra de tales abusos e injusticias que han acabado con el de por sí, deteriorado Estado de Derecho y la Justicia Social que han polarizado y desestructurado el Tejido Social de nuestra empobrecida y lumerizada sociedad.

(esto no lo copié de ninguna página Marxista Leninista, si fundamento dentro del campo del materialismo dialéctico e histórico, es porque bajo ese paradigma realicé una investigación, aprobada con "Lauros" por tres doctores en filosofía, para obtener mi grado académico de Maestro en Investigación Educativa, por lo tanto puedo analizar la situación sociopolítica actual sin recurrir a la usurpación autoral o copia textual de información, y lo que en seguida transcribo, es producto del trabajo de científicos sociales, investigadores de la UNAM, periodistas y la directora del Diario La Jornada, de donde han sido tomados , como marco teórico de estos y futuros comentarios, pues ante el embate de la ultraderecha no puedo andarme con miramientos, mediocridades o comentarios sin fundamentación histórico-academicista y periodística que certifique la veracidad de la misma. Quizá a much@s les dará flojera leerlo y se respeta su derecho a borrarlo, pero si alguien aún conserva un poco de conciencia de clase y el egoismo propio de los sistemas capitalistas no ha cegado su noción de vivir en sociedad y no como un ser aislado, quizá le interezará conocer sobre algunos aspectos de lo que padecemos los de a pié, los que no somos tan afortunados de tener solicionadas nuestras necesidades más elementales y lejos de conformarnos o resignarnos a que nuestra condición es "voluntad divina", compartimos las causas y orígenes de nuestra inconformidad, rebeldía y esa tan "molesta" insubordinacion" al "orden establecido" por la TV, la iglesia y el gobierno. Gracias por su comprensión y atención a la presente que es sólo un aviso de lo que se está incubando en nuestro país: algo muy similar al nazismo alemán, al fascismo italiano, al falangismo español de Franco, a las dictaduras sudamericanas de Pinochet, Videla y otros o remontándonos en la historia nacional, al porfirismo, al diazordacismo y al salinismo que de hecho continúa vigente por cuarto sexenio consecutivo). Si en algo les afecta o preocupa, reenvíenlo a sus contactos, debemos estar alertas y frenar el incubamiento del "huevo de la serpiente".

Carlos Fazio

La aplicación en la práctica del Manual de disturbios civiles de la sección segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional -divulgado en La Jornada por Gilberto López y Rivas, "Sedena: el manual de la represión", 4/5/07- exhibe y desnuda el accionar anticonstitucional de los estamentos castrenses y paramilitares oficiales en los casos Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán; Atenco, estado de México, y en la ciudad de Oaxaca, en 2006, donde echaron mano de la represión indiscriminada y mediante acciones deliberadamente aterrorizantes y desproporcionadas intentaron sembrar un miedo con efecto "ejemplarizante" en la población, apoyándose en acciones de inteligencia y una estrategia de comunicación mediática típica de las operaciones sicológicas encubiertas.

A ello habría que sumar las actuales provocaciones en curso contra campesinos indígenas de Montes Azules, en Chiapas, y ejidatarios y comuneros que se oponen a la construcción de la represa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero; los actos de hostigamiento de elementos del Ejército federal, inteligencia militar y espías y orejas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y adherentes de la otra campaña en el estado de Nuevo León y otras partes del país, y las torturas, detenciones arbitrarias y robos -a la manera de botín de guerra- ejecutados por militares y miembros de la Agencia Federal de Investigación en Nocupétaro, Michoacán, en días recientes.

Tal pareciera que el Ejecutivo ha decidido cancelar los caminos de la lucha civil pacífica y que México transita hacia un régimen dual que combina la fachada de una democracia formal con el terrorismo de Estado.

Apoyado en una doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo, la lógica del modelo tiene como objetivo la destrucción del "enemigo interno", concepto éste que en el desarrollo de un conflicto suele abarcar a todo actor de "desorden social".

Según el manual de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes alteren o perturben el orden público, se reúnan tumultuariamente, intimiden u obliguen a la autoridad a tomar alguna determinación y pongan en peligro la vida y la propiedad, podrían incurrir en el delito de motín y ser blanco de la acción represiva del Estado mediante el accionar de tropas especiales, paracaidistas y unidades blindadas provistas de escopetas, agentes químicos y fusiles de precisión. (¿O sea que las asambleas públicas y reuniones ciudadanas organizadas están proscritas, tipificadas como delito y son motivo de cárcel?)

Como antecedente, cabe consignar que, en su accionar, un Estado fascista instrumenta como eje de su política represiva la conformación de un vasto y complejo aparato de seguridad. Eso viene sucediendo de manera paulatina en México, donde las propias fuerzas armadas, dando la espalda a sus funciones establecidas en el artículo 89 constitucional, fracción VI, y en el 29, que establece que "en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", han venido modificando su carácter convirtiéndose en lo que bien puede calificarse como "gendarme" o "ejército de ocupación" en su propio país, cuya misión fundamental es impedir toda muestra de descontento, y sobre todo imposibilitar, por vía de la fuerza y el terror, cualquier cambio, por mínimo que éste sea, en la estructura social de la nación.

La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de nuevo tipo se ha venido confirmando con la militarización de la seguridad interior, vía la presunta "guerra" contra el crimen organizado y el proyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades con menos de 20 mil habitantes. (Como Salvatierra, por ejemplo, oliva, el gobernador de Gto. Fue el primero que ya solicitó un cuerpo de elite para reprimirnos)

Según se anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura orgánica de la futura policía federal quedó integrada por seis divisiones, cuatro de cuyos jefes provienen del Cisen, en tanto que el coordinador de las fuerzas federales será el general Héctor Sánchez, ex jefe de la Sección Segunda de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Esa conformación de una policía federal con mandos provenientes de los servicios de inteligencia política y militar, aunada a la contrarreforma penal impulsada por Calderón -que incluye la intervención telefónica y el espionaje sobre los ciudadanos sin orden judicial, el ingreso a domicilios sin orden de cateo bajo la razón de flagrancia y la creación de una policía investigadora independiente del Ministerio Público-, así como el "paquete antiterrorista" aprobado por el Senado de la República el 26 de abril pasado, que incorpora el delito de "terrorismo internacional" al código penal, parece robustecer la hipótesis de que nos encaminamos hacia un Estado de tipo policial-militar, basado en leyes de excepción que criminalizan la protesta social. Es decir, asistimos a un larvado proceso de fascistización del Estado, y si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista en México.

Gilberto López y Rivas

En dicho manual, elaborado según la Sedena "en virtud de que el país atraviesa problemas internos y externos originados por desequilibrios en los campos político, económico y social, así como por posibles alteraciones del orden que se llegaran a suceder en los diferentes sectores de la población", los militares definen el término disturbio civil como "aplicable a todos los tipos de desórdenes y emergencias civiles que ocurran en territorio nacional generando violencia ilegal por parte de gente civil, como resultado de protestas por diversos motivos, instigación de grupos subversivos nacionales o extranjeros (...) que producen alteraciones en el orden público, desorganizando los procesos normales del gobierno y ponen en peligro la vida y la propiedad".

La Sedena considera que "un motín lo cometen quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público, con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas y amenazan a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación". (¡Cualquier semejanza con las reformas últimas al Código Penal es pura coincidencia!) Los teóricos de la Sedena continúan precisando el motín como un "desorden en el cual participan indirectamente numerosas personas, utilizadas en algunos casos para dar fuerza a un movimiento subversivo, ajenas al motín, tales como curiosos y ociosos (sic), creando con ello mártires para obligar al gobierno a utilizar fuerzas policiacas o militares para enfrentar el problema, intervención que después será interpretada como 'fuerza de represión del pueblo' y con lo que aumentará el descontento de las masas atrayendo partidarios al movimiento antagónico, haciendo creer a la opinión pública que debe estar del lado de los débiles".

El manual establece que "los tipos de armas y municiones que necesitan las tropas para restablecer la ley y el orden durante un disturbio civil serán en principio con las que están dotadas orgánicamente -esto es, ¡todas!-, sin embargo, dependiendo de la situación y para misiones especificas, las unidades pueden ser dotadas de armamento especial: escopetas, lanzagranadas químicas, granadas químicas de mano, fusiles de precisión, etcétera". Los estrategas militares también recomiendan el uso de "unidades blindadas para misiones especiales o bien para causar efectos sicológicos (las tanquetas en la represión de 1968); en ocasiones y de acuerdo con la situación que se viva se pueden utilizar otro tipo de unidades, como tropas especiales, paracaidistas, etcétera. El blindaje de cualquier tipo normalmente actuará en refuerzo de las unidades de las otras armas, buscando que jamás se deje de proporcionar protección cercana al vehículo blindado, que sería fácil presa de la muchedumbre (sic) al ser abordado, permitiendo que fueran arrojados artefactos explosivos o incendiarios en su interior, teniendo siempre presente su principal característica y modo de acción, que es el poder aplastante por el uso de su masa".

Al desarrollar operaciones en un disturbio civil, "el comandante militar puede emplear las siguientes medidas: A) Demostración de fuerza. B) Uso de agentes químicos. C) Fuego de tiradores seleccionados. D) Empleo de parte del volumen y potencia de fuego". Se recomienda también detener "a los individuos que figuran como cabecillas o a otros que traten de incitar al tumulto a cometer actos ilegales, teniendo cuidado al efectuar estas detenciones de hacerlo con la mayor discreción posible para no alterar al tumulto (sic) y dar otro motivo para que cometa actos adicionales de violencia".

El manual de la represión va a los detalles: "Las bayonetas son eficaces cuando se usan contra amotinados que tienen facilidad para retirarse" -entonces, ¿por que se usaron en Tlaltelolco, donde no había "facilidades" para un "retiro"?-. "Cuando se requiere fuego de armas de pequeño calibre, se instruye a las tropas para que apunten a baja altura: en ninguna circunstancia deben hacerse disparos alocados contra un grupo desde el cual ha disparado un amotinado; no se utilizarán cartuchos de salva contra el tumulto y no se dispararan ráfagas de armas automáticas por encima de las cabezas de los amotinados (...) se colocan tiradores selectos en posiciones ventajosas desde las que tengan buenos campos de tiro -¿como las azoteas de los edificios de Tlaltelolco?-. Los disparos al aire no es procedimiento adecuado ni serio para los elementos del Ejército, la serenidad ha de ser absoluta". Nada se deja a la imaginación: "Las barricadas que establecen los amotinados se atacan de ser posible desde los flancos o bien desde las alturas. Siempre que sea práctico se emplearán mangueras contra incendios o agentes químicos, cuando fracasan los métodos arriba mencionados, las barricadas pueden ser removidas mediante la utilización de vehículos blindados, artillería o granadas".

La fracasada transferencia de militares a la PFP, el motivo

Actuarán bajo las órdenes de la Sedena; ir tras criminales, su primera tarea

JESUS ARANDA

Elementos del Ejército Mexicano detienen a una persona en las inmediaciones de Apatzingán Foto: Reuters

Por instrucción presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que tendrá como misión respaldar a las autoridades civiles ''en tareas diversas de seguridad pública'', lo que implica su participación para restaurar el orden público, enfrentar al crimen organizado o los actos que se ejecuten contra la seguridad de la nación.

El decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, señala que este cuerpo castrense intervendrá por instrucciones del presidente de la República, ''a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo''.

Agrega que esta instancia se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, según lo determine el secretario de la Defensa, y estarán capacitadas en ''el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública'', para restablecer el orden y el estado de derecho.

Asimismo, se aseguró que este agrupamiento ''en ningún caso podrá sustituir las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas'', y su actuación ''estará regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano''. Sin embargo, el documento no hace referencia alguna al número de elementos que lo integrarán. Las unidades se formarán según lo disponga el general secretario Guillermo Galván Galván, quien se encargará de proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios.

Ante el fracaso de la instrucción presidencial de diciembre pasado, para que el Ejército transfiriera 7 mil 500 efectivos y la Armada otros 2 mil 500 elementos a la Policía Federal Preventiva (PFP), el gobierno federal resolvió crear el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, confiaron fuentes castrenses, las cuales aseguraron que este agrupamiento tendrá funciones ''operativas'' y eventualmente ''de inteligencia'', cuando así sea necesario.

''Es como una PFP, pero que estará bajo el mando exclusivo de la Sedena y actuará sólo cuando lo ordene su comandante supremo'', confió una fuente militar consultada.

En diciembre pasado, el presidente Calderón instruyó al alto mando del Ejército y la Armada para que transfierieran a un total de 10 mil elementos a la PFP, para consolidar así este cuerpo policiaco. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados y soldados y marinos prefirieron mantenerse en sus unidades; sólo fueron unos cientos los que aceptaron perder la antigüedad en el servicio y aventurarse para integrar la policía federal.

Fue por eso, explicaron las fuentes, que el Ejército optó por crear este cuerpo de apoyo, porque de esa manera cumplía con su cuota de tener elementos a disposición del Ejecutivo federal para la aplicación de operativos anticrimen, pero al mismo tiempo mantenía a sus elementos ''encapsulados'' en unidades especiales para evitar que se ''contaminen'' por el contacto que tengan en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

En el contexto de esta nueva estrategia gubernamental, la Armada de México, por su parte, formalizará en breve la creación de la policía marítima, la cual será la encargada de garantizar la seguridad pública y el estado de derecho en la zona costera, así como en el mar. Para tal efecto, se dijo, se crearán alrededor de 30 batallones de casi 600 infantes de Marina (casi 18 mil elementos), que serán distribuidos a nivel nacional y que también contarán con la encomienda de apoyar a las autoridades civiles, previa autorización del presidente de la República, en operativos en contra del crimen organizado, tanto en su área de influencia directa como en ''tierra firme'', en caso de ser necesario.

Precisaron las fuentes castrenses que para evitar en lo posible la ''contaminación de los elementos de inteligencia'', éstos apoyarán de manera extraordinaria a las autoridades civiles, pero una vez realizada su misión se incorporarán a sus unidades, y en todo caso, añadieron, serán las jefaturas de los estados mayores de las zonas y regiones navales las encargadas de generar información sobre narcotráfico y crimen organizado en su jurisdicción.

Por otra parte, cabe recordar que no es la primera vez que el Ejército crea grupos de elite, que terminan combatiendo la delincuencia organizada con resultados contraproducentes.

En los últimos meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se formó el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y, posteriormente, el Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), los cuales inicialmente fueron creados como unidades de reacción rápida para hacer frente a la guerrilla en Chiapas y en otras entidades, pero terminaron por ser utilizados por el alto mando en operativos de captura de capos del narcotráfico.

Los resultados no fueron los esperados, a grado tal que con el paso del tiempo parte de estos soldados de elite se pasaron a las filas del crimen organizado y fundaron el grupo de Los Zetas, que se convirtió en el brazo armado del cártel del Golfo.

El decreto, publicado por el presidente Felipe Calderón, argumenta que ''entre las misiones generales que tienen encomendadas las fuerzas armadas'', se encuentra el garantizar la seguridad interior de la nación. Y argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en relación con la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, en las que determinó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en esas tareas y por tanto, las fuerzas armadas 'requieren de unidades u órganos encargados para desempeñar tareas de apoyo'' para la restauración del orden público, combatir el crimen organizado y ''para impedir actos que atenten contra la seguridad de la nación''.

Como los militares que sean asignados a esas tareas requieren de conocimientos y preparación específicos, ''debe existir dentro de la estructura'' de la Sedena un cuerpo especial bajo las órdenes del Presidente, que cuente con los elementos humanos, materiales, técnicos y estratégicos necesarios para intervenir en esa labor.

La creación de un cuerpo especial, añade el documento, ''pretende atender el surgimiento de fenómenos y situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos y la estabilidad en cualquier parte del país''.

Luis Hernández Navarro

Las cifras sobre el número de detenidos políticos varían. Varios organismos defensores de derechos humanos hablan de que hay alrededor de 500 de ellos. Otros elevan el número a 800. Esta diferencia en la contabilidad proviene de que no hay ni un listado único de presos ni una asociación de defensa de alcance nacional que coordine a los comités y grupos locales existentes. No existe en México un organismo similar al Frente Nacional contra la Represión, que, a finales de la década de los 70, encabezó la lucha por la presentación de los desaparecidos y la liberación de los detenidos por sus convicciones.

Un prisionero político es una persona a la que se mantiene en prisión o bajo arresto, porque sus ideas suponen un desafío al sistema político establecido. Un preso de conciencia es un ser humano encarcelado por sus ideas políticas, creencias religiosas, origen étnico, sexo, idioma, origen nacional o social, situación económica u otra circunstancia, y que no ha incurrido en delito ni ha recurrido a la violencia o propugnado su uso. Se le encarcela solamente por sostener ideas, creencias o condiciones de vida contrarias a las del grupo en el poder.

Muchos de quienes se encuentran tras las rejas fueron víctimas de los cuerpos policiales de violencia. Fueron golpeados, torturados, e, inclusive, abusados sexualmente, durante y después de su arresto. No pocos se encuentran en condiciones carcelarias humillantes. Varios están recluidos en penales de alta seguridad, al lado de torturadores, narcotraficantes y secuestradores.

Un enorme número de los presos políticos son jóvenes, y no son pocos los dirigentes populares que encabezaron luchas de protesta. Son los damnificados de una política que ha decidido criminalizar la expresión pública del malestar social antes de abrirle espacios reales de negociación. Los prisioneros a los que se les asocia con organizaciones guerrilleras son una minoría.

Los partidos políticos que se reclaman de izquierda se han desentendido del asunto. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni siquiera se ha hecho cargo en serio de los militantes suyos que han perdido la libertad por participar en el movimiento contra Ulises Ruiz en Oaxaca. Algunos de sus dirigentes temen que la opinión pública los asocie con la violencia si defiende a los presos en serio.

Muchos intelectuales, usualmente preocupados por la defensa de los derechos humanos, ahora han guardado silencio ante los atropellos que se cometen en el país. Otros prefieren opinar sobre Cuba o Venezuela antes de decir una palabra sobre la crisis de derechos humanos que existe en el país. Suponen que en una democracia de baja intensidad, como la mexicana, el respeto a las garantías individuales es un lujo del que puede prescindirse.

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos están lejos de encontrarse en su mejor momento. Como sucedió con una buena cantidad de organismos civiles de promoción al desarrollo, la borrachera del foxismo los llevó a colaborar estrechamente con un gobierno que, después de seducirlos, terminó abandonándolos. Por supuesto que hubieron dignas excepciones a esta conducta, pero, en conjunto, perdieron autoridad frente a la sociedad y capacidad de articular intereses y conjuntar esfuerzos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales han desempeñado, en muchos casos, un papel penoso, y, con demasiada frecuencia, de claro contubernio con las instancias gubernamentales responsables de las violaciones.

Tantos presos políticos es síntoma de un profundo problema en el funcionamiento del sistema político mexicano. Hay un severo déficit de representación política de amplios sectores de la población; existe una fuerte crisis de las mediaciones sociales; los canales institucionales para la atención de la demanda social están atrofiados. La tendencia a que la lista de detenidos crezca es indicador de que, lejos de solucionar el conflicto, el nuevo gobierno está empeñado en agravarlo.

Hace casi 30 años el Estado enfrentó una intensa crisis -no necesariamente similar a la actual, pero sí con algunos elementos en común-, emprendiendo una reforma política que legalizó a la izquierda comunista y a una parte de la izquierda radical, promoviendo una amnistía a los presos políticos. A pesar de sus limitaciones, las medidas crearon un nuevo contexto para la competencia y la convivencia política. Pero el gobierno de Felipe Calderón parece no haber aprendido la lección.

La pretensión panista de imponer su versión de "paz social" coincide en el tiempo con una escalada violenta del narcotráfico por el control de plazas y mercados, así como con la ofensiva de la derecha más recalcitrante para controlar, aún más, enclaves fundamentales del Estado mexicano. La nueva administración está estirando la liga más de la cuenta. Como siga haciéndolo se le va a romper.

"Quieren que ya no me meta en el caso Castaños para dar impunidad a militares"

JAIME AVILES ENVIADO

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, durante una homilía que ofició en la Basílica de Guadalupe en julio de 2005 Foto: Guillermo Sologuren

"Ya sucedió varias veces", relata en entrevista con este enviado. "En el identificador de llamadas sale que me hablan del estado de Guerrero, que es de donde son varios de los soldados que están presos en Monclova", tras la violación tumultuaria de 13 prostitutas durante la noche del 11 al 12 de julio del año pasado en la zona roja del municipio coahuilense de Castaños.

El obispo asegura que está siendo objeto de amenazas por miembros del Ejército involucrados en el caso, pero agrega que hace algunas semanas "venía yo de noche, de allá de Monclova, rumbo a Saltillo, cuando me empezó a seguir una camioneta blanca, echando las luces altas y pegándose mucho, como si tratara de rebasar y no pudiera, aunque nada se lo impedía", recuerda.

Al llegar a un pequeño poblado, el obispo comenzó a tocar el claxon de su vehículo para llamar la atención de una patrulla de tránsito, a cuyos tripulantes monseñor Vera pidió auxilio y logró que detuvieran a la camioneta blanca que pertenecía, dice, "a la Procuraduría General de la República".

Y agrega, tajante: "Estoy recibiendo presiones y amenazas para que ya no me meta en el caso Castaños; me queda muy claro que de eso se trata, y veo la mano de algunas dependencias del gobierno federal para que, al igual que en el caso de Zongolica, los militares acusados tengan total impunidad".

Lo más preocupante, añade, "es que se está dando una pésima señal para que el Ejército haga y deshaga, como si estuviéramos en una dictadura".

-¿Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

-Se ha desentendido por completo del asunto -afirma el obispo.

Castaños es un municipio muy pobre, cercano a Monclova, que tiene entre sus pocos atractivos una paupérrima zona roja semioculta en un potrero. En ese predio hay dos centros nocturnos: Las Playas y El Pérsico, atendidos por mujeres jóvenes y desgraciadas de la región. La noche del martes 11 de julio, en la penumbra de Las Playas, estaban embriagándose varios hombres, que a medida que pasaba el tiempo gritaban más y eran más descorteses con las muchachas. Tanto así, que los vigilantes del cabaret sacaron a uno de ellos y lo guardaron en una especie de celda que sirve precisamente para controlar a los borrachos violentos.

El detenido se llama José Joaquín Alvarado Félix y pertenece al Ejército mexicano, adscrito al regimiento de Múzquiz. Sus acompañantes lograron muy pronto liberarlo y se lo llevaron a bordo de un taxi que los trasladó a las oficinas del Instituto Federal Electoral (IFE) en Monclova, de donde regresaron a la zona roja 40 minutos más tarde a bordo de varios vehículos oficiales del Ejército, entre ellos un Hummer matrícula 01914153.

De acuerdo con el reporte de Soledad Jarquín Edgar, enviada de la agencia CIMAC al lugar de los hechos -por cuyo trabajo se hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo 2006-, los soldados volvieron "uniformados y armados", y según los testimonios recogidos por monseñor Vera López "en malas condiciones, como intoxicados por drogas y alcohol", que era como supuestamente estaban custodiando los paquetes electorales en el IFE, observa.

Lo que sucedió a partir del momento en que los soldados entraron en el cabaret El Pérsico, consta en las declaraciones de las 13 prostitutas agredidas. Identificándose con sus nombres de batalla -Wendy, Brisa, Cinthia, Malena, Nubia, ex adolescentes de extracción campesina, madres solteras, con ocho años de experiencia promedio en el oficio-, ellas relataron que los militares encañonaron con sus rifles a los escasos parroquianos y los obligaron a colocarse bocabajo en el suelo.

A las mujeres las agruparon en la parte frontal del establecimiento y a punta de pistola las hicieron desnudarse, mientras exhortaban a los clientes a abusar de ellas al grito de "atásquense que es gratis". Luego, ellos mismos procedieron a violarlas, en algunos casos simultáneamente entre varios.

En un reporte oficial del presidente municipal de Castaños, Mauro Zúñiga Llanas, a las 2:10 de la mañana del miércoles 12, el vigilante Francisco Javier Neira Sánchez solicitó ayuda por teléfono a la alcaldía. Seis policías acudieron a bordo de tres patrullas, pero fueron desarmados por los militares y sometidos en los caminos de brecha que llevan a la zona roja. El edil admite en su informe que después de saber esto tuvo miedo: "pensé que era un ataque del narcotráfico".

La agresión se prolongó casi hasta el amanecer, y las muchachas quedaron en estado de pánico, debido a la violencia sexual y sicológica que padecieron a lo largo de varias horas. Entonces, el gobierno de Coahuila entró en acción. La Secretaría de la Defensa accedió a que tomara cartas en el asunto la justicia civil y la procuraduría estatal inició una averiguación previa, y giró 14 órdenes de aprehensión pese a que eran al menos 20 los soldados que protagonizaron el asalto a la zona roja de Castaños. Por su parte, el gobernador Humberto Moreira solicitó el auxilio del obispo de Saltillo.

Hasta ahora sólo han sido capturados siete militares, recuerda monseñor Vera López, de los cuales "uno ya salió bajo fianza, y a los demás dicen que no los pueden agarrar porque desertaron".

-¿Y qué ha pasado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? -se le pregunta.

-Se ha desentendido por completo del asunto, y eso me preocupa. Este es un caso en el que intervinieron soldados que estaban cuidando los paquetes electorales. ¿Por qué abandonaron sus puestos? ¿Por qué llegaron borrachos y drogados a la zona de tolerancia? Yo, en aquel momento, expresé mi esperanza de que intervendría Vicente Fox, pero no lo hizo.

-¿Y las amenazas contra usted cuándo empezaron?

-Ya tienen tiempo, pero se han ido intensificando; cada vez meten más presión para que se desvanezcan las acusaciones contra los soldados presos.

-¿Teme que le puedan hacer algo?

-Me preocupa el giro que están tomando las cosas en el país, donde al Ejército se le está dando carta blanca para que haga y deshaga, como si estuviéramos en una dictadura.